Imagina a una niña nacida entre los muros de un centro penitenciario. Durante sus primeros tres años de vida, su mundo gira en torno a su madre, quien cumple una condena en el Centro de Reinserción Social de Puebla. Pero un día, por una regla impuesta en el artículo 32 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social, esa convivencia se ve interrumpida de manera abrupta. La madre, desesperada, busca una solución, y su caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este caso plantea una cuestión esencial: ¿qué sucede cuando la ley impone una separación tajante entre un niño y su madre, privada de libertad? ¿Es posible conciliar la seguridad y el bienestar infantil con el derecho de la niña a convivir con su madre?

El conflicto jurídico

Al recibir la negativa del director del centro penitenciario para continuar viendo a su hija los fines de semana, la madre interpuso un juicio de amparo, alegando que la separación abrupta afectaba gravemente a la menor, vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la unidad familiar, el interés superior de la infancia y el derecho del menor a ser escuchado en un proceso judicial.

El juez de distrito, sin embargo, negó el amparo, argumentando que un centro penitenciario no es un entorno adecuado para el desarrollo de un niño. Inconforme con esta decisión, la madre presentó un recurso de revisión, que finalmente fue resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El criterio de la Suprema Corte

La Corte determinó que, si bien la separación entre madre e hija podía ser necesaria para el desarrollo de la menor, esta debía realizarse de manera paulatina y con medidas que garantizaran su bienestar emocional. No bastaba con aplicar mecánicamente el artículo 32 del reglamento penitenciario; era necesario realizar una evaluación individualizada del caso, tomar en cuenta la opinión de la niña y garantizar su derecho a un contacto frecuente y de calidad con su madre.

Así, el Estado tiene la obligación de implementar acciones que minimicen el impacto negativo de la reclusión materna en la vida del menor. Esto incluye proporcionar apoyo psicológico a ambas partes, asegurar que el proceso de separación sea gradual y garantizar visitas frecuentes para preservar el vínculo materno-filial.

Un precedente importante

Este caso establece un precedente fundamental en la protección de los derechos de los niños cuyos progenitores se encuentran en prisión. Más allá de la situación específica de esta madre y su hija, deja en claro que la aplicación de las normativas en centros penitenciarios debe interpretarse conforme al interés superior de la infancia. La separación, cuando es necesaria, no debe ser abrupta ni traumática, sino planeada con sensibilidad y apoyo institucional.

En un sistema que busca la reinserción social, garantizar la continuidad de los lazos familiares puede ser una pieza clave en la rehabilitación de las personas privadas de libertad. ¿Es posible equilibrar la seguridad con los derechos humanos? Este caso demuestra que el derecho tiene las herramientas para hacerlo, siempre que se privilegie el interés del menor sobre las soluciones fáciles y generalizadas.